Después de 30 años, Egipto
amanece sin la ley de estado de emergencia, uno de los principales instrumentos
creados por el ya depuesto Hosni Mubarak para reprimir cualquier tipo de imposición
a su Gobierno. Sin embargo, las
organizaciones de derechos humanos egipcios han advertido que es necesario la
aprobación de nuevas normativas para asegurar el fin de los abusos.
La ley de emergencia otorga al
Ministerio de Interior la potestad de arrestar a cualquier persona de forma
indefinida sin necesidad de formular cargos. Los detenidos bajo esta legislación
han sido a menudo torturados, según las ONG. Desde el asesinato del presidente
Anuar el Sadat en 1981, la ley de emergencia ha estado instaurada hasta el
presente, siendo renovada de forma interrumpida.
La decisión ha sido interpretado
en clave electoral, ya que las dos instituciones competentes para extender la
ley, el Parlamento y la Junta Militar, están asociados en las elecciones.
Tanto Mohamed Morsi, el candidato
de la Hermandad, como Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Mubarak considerado el preferido de la Junta Militar,
se han dedicado a cortejar los votos de los partidos y personalidades laicos prorrevolucionarios,
pues sus votos son imprescindibles. De ahí el consentimiento de haber levantado
la orden del estado de emergencia.
Si la prioridad de los electores
es el “eje revolucionario”, Morsi parte como el gran favorito, en cambio, el
otro eje es el que más interesa a Shafiq, defensor a ultranza del laicismo. Es difícil
pronosticar unos resultados en una sociedad tan polarizada, aunque lo que sí es
seguro es que se impondrá el voto con el estómago por encima de ideas y
programas.
Fuente: Edición Impresa EL PAÍS. 1 de Junio 2012.
